Guerrero: si se fuera Aguirre

La eventual salida del gobernador Ángel Aguirre no resolvería la crisis guerrerense e inclusive podría agravarla. El propio mandatario señaló su disposición a retirarse si ello significara la resolución del drama que hoy aqueja a su tierra.

Por desgracia no es una situación que se pueda corregir cambiando funcionarios o esperando salvadores.

Lo que está comprometido, en este momento, son la gobernabilidad y una de sus premisas fundamentales: la vigencia del Estado de Derecho.

El nivel de descomposición llegó a tal grado que lo que urge es un nuevo pacto social que ataje la violencia y construya un camino de civilidad y concordia.

En ello hay que trabajar, porque de otro modo las cosas, aunque parezca increíble, se pueden poner todavía peor.

Quienes apuesten por profundizar el drama para sacar dividendos políticos, se pueden encontrar con un territorio en el que no exista el clima para acudir a una elección con las condiciones mínimas de seguridad.

Nadie debiera aspirar a gobernar despojos y bajo una verdadera bomba de tiempo, que es la que se activa por la exclusión social y la fuerza de los delincuentes.

Hoy, como nunca, es indispensable la responsabilidad de la clase política, pero por desgracia en Guerrero suele ser bastante mezquina y con viejas cuentas por cobrar.

Lo ocurrido en Iguala, donde agentes policiacos asesinaron a seis personas, detuvieron a 43 estudiantes y los entregaron a sicarios, da cuenta de un problema profundo, que se expresa por el grado de penetración del crimen organizado en la vida pública.

Porque no es que la policía municipal estuviera coludida con los Guerreros Unidos, sino que servía y formaba parte de esa organización de bandidos y fungía como uno de sus brazos operativos.

El alcalde José Luis Abarca, hoy prófugo, tenía un historial negro y relaciones familiares peligrosas, pero ello no importó en la dirigencia del PRD a la hora de postularlo como candidato y las consecuencias están a la vista.

Sin duda hay responsabilidades políticas, porque es un deber de los partidos el promover a gente de bien y no a verdaderos delincuentes para los cargos públicos.

Hoy se sabe que fue imposible establecer el Mando Único Policial, porque el alcalde y sus socios tenían otros planes para Iguala, donde querían mantener un control criminal.

Pero a todo ello hay que añadir la complejidad que reviste mantener la gobernabilidad en uno de los estados más pobres y con historias terribles, una de ellas la de los desaparecidos de Ayotzinapa.

PRD pidió a Aguirre renunciar

El PRD anunció que su Comité Ejecutivo demandó al gobernador Ángel Aguirre Rivero presentar licencia y, dijo en conferencia de prensa, que “pedimos el nombramiento de una persona que reorganice el gobierno y se sume a las investigaciones”.

Estamos claros que Ángel Aguirre, señaló Carlos Navarrete, dirigente del PRD, aun sin cargo estará disponibles para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, el pasado 26 de septiembre.

Navarrete llamó a los gobiernos perredistas, estatales y municipales, a seguir acompañando las manifestaciones que se están convocando para exigir que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Lo acontecido en Iguala, Guerrero, es una tragedia nacional que ha llenado de zozobra al país”, señaló.

Consideró que el municipal es el eslabón más débil de la estructura del gobierno y que el crimen organizado penetra territorios y afecta a todos los partidos.

Indicó que ahora todo el esfuerzo debe concentrarse en la localización de los responsables materiales en intelectuales de la desaparición forzada de los estudiantes.

“El PRD está del lado de las demandas de investigar, hacer justicia y encontrar a los jóvenes desaparecidos”.